No sabemos muy bien si la justicia existe, es ciega o que la injusticia prima en los tiempos que corren. A pesar de la ley, es fácil que los delincuentes y los condenados, salgan impunes ante la justicia o, en determinados casos, no cumplan con la sentencia estipulada. Hablar de leyes puede resultar fácil, todo el mundo puede creer que sabe al respecto, aunque la realidad, es que se trata de un mundo mucho más complejo de lo que solemos pensar.
Tendemos a creer que, una vez que el juez dicta sentencia, se acabó el proceso. Ganas o pierdes y, solo se pueden presentar recursos en determinados casos. Lo cierto es que, los procesos judiciales son largos, tediosos y, en determinados casos, inacabables. Al menos es la sensación que le queda a los implicados.
Siempre que hay un proceso judicial, se espera con impaciencia que el juez, dicte sentencia. Con la idea de que, llegado ese momento, todo se acaba. La realidad, es muy diferente y, son muchos los casos en los que, el incumplimiento de sentencia por parte del condenado, implica un nuevo proceso. Hablamos de la ejecución de sentencia firme o demanda de ejecución de la sentencia.
Este proceso, se inicia en el momento en el que se produce el incumplimiento de la sentencia, tanto en el ámbito civil, como penal, laboral o administrativo. Las sentencias firmes, son las sentencias definitivas en las que ya, no se admiten recursos. Esto puede deberse a que la ley no lo permite o, sencillamente, se ha dejado pasar el plazo para la interposición de un recurso.
Son muchas las ocasiones, desgraciadamente, en las que, ante una resolución judicial, sentencia o auto, esta se incumple. Llegado este momento, es posible exigir por la vía judicial, el cumplimiento de lo expuesto en la sentencia, por la parte condenada.
Sentencia firme y su ejecución
Para aquellos que puedan encontrarse en medio de un proceso judicial, deben tener presente que puede producirse una falta de ejecución de la sentencia, por la parte condenada. Conocer un poco sobre esta parte del procedimiento, puede ser de utilidad, sobre todo para no dejar pasar mucho tiempo ante el incumplimiento. No vayamos a pensar que el condenado cumplirá y, dejemos pasar el tiempo hasta que no se pueda hacer nada. Con ayuda del experto en leyes y abogado, Calero García Perea, con un despacho multidisciplinar y especializado en derecho mercantil, administrativo y penal, entre otros, hemos conocido todo lo relativo a la ejecución de sentencia.
Se trata de un proceso judicial que se inicia, en el momento que se incumple la sentencia. Las sentencias firmes son las que ya no admiten recursos y son definitivas. Lo que puede ser debido a que la Ley no lo permite o porque el plazo de presentación, ha finalizado.
Sin embargo, el plazo para ejecutar una sentencia firme es de cinco años, mientras que el tiempo que tarda en ser resuelta una ejecución de sentencia, puede ser, como mínimo, de tres o cuatro meses. Lo que depende de algunos factores como la localización de los bienes o la notificación del embargo.
Que se realice una ejecución de sentencia, por una sentencia firme, es competencia de los órganos judiciales, por lo que iniciar el procedimiento, es necesario, cuando el condenado, no cumple de forma voluntaria la pena u obligación que le ha sido impuesta.
Algo que los juzgados tienen la mayor responsabilidad de hacer, es tanto de juzgar, como de hacer que se cumpla lo juzgado y sentenciado. En un proceso civil, la ejecución de la sentencia se produce cuando el condenado, no la cumple voluntariamente. No se procederá a la ejecución hasta que no hayan pasado veinte días desde que se notificó la sentencia, lo que concede un plazo de cortesía para que se cumpla de forma voluntaria.
Cuando se trata de una ejecución de sentencia laboral, es esencial agotar este proceso, sobre todo en aquellos casos en los que la empresa demandada, puede encontrarse en una situación de insolvencia. En estas situaciones, FOGASA, el Fondo de Garantía Salarial, asume la responsabilidad y abona las cantidades económicas que se reconocen por la vía judicial, dentro de lo legalmente establecido.
En el caso de una condena judicial, los plazos para hacer efectivo el pago, es de diez días. De manera que, cuando un juzgado o tribunal, dicta una sentencia, el demandante, dispone de cinco años para su ejecución. Una vez que pase este tiempo, la sentencia pierde su validez, quedando caducada u obsoleta, lo que significa que ya no puede ser ejecutada. Se trata de un principio similar a los plazos de prescripción de una deuda, en donde la ley establece unos límites temporales, para que pueda ser reclamada.
Por lo tanto, lo que hay que tener muy claro es el momento en el que, una sentencia, pasa a ser firme. Se considera así, cuando finaliza el plazo disponible para que pueda interponerse un recurso. La misma sentencia indica el tipo de recurso procedente y, el tiempo disponible para que se pueda presentar.
Lo que pasa cuando se incumple una sentencia
En el momento en el que la sentencia emitida por el juez, adquiere firmeza, la parte condenada, cuenta con un plazo de veinte días para cumplirla voluntariamente. Una vez transcurrido este tiempo, en caso de no haberse cumplido, se considera de forma automática, incumplida, por lo que los tribunales, deben intervenir para que se haga efectiva.
La ejecución de la sentencia, se puede solicitar por la parte que haya ganado el juicio. Si se diera la circunstancia de que el demandante, falleciera, su sucesor, puede reclamar la ejecución, acreditando su condición como heredero.
En esta situación, se pueden producir tres tipos de escenario:
- El condenado cumple de forma inmediata con la sentencia.
- El condenado se opone a la ejecución dentro de un plazo de diez días, alegando motivos fundados.
- El condenado ni cumple ni se opone. De manera que el juzgado, debe proceder a dictar una ejecución forzosa de la sentencia.
Cuando la sentencia implica una condena de carácter económico y esta, no se paga dentro del plazo establecido, el juzgado puede hacer orden de que se embarguen los bienes del condenado. Para que sea así, los bienes, deben ser embargables y pertenecer al condenado, además de ser lo suficientemente cuantiosos, como para que la deuda se cubra.
La ley reza que no se pueden embargar salarios, sueldos, pensiones o retribuciones, cuando no superan el salario mínimo interprofesional. Aunque cabe señalar que, esta limitación no se aplica en aquellos casos en los que, la ejecución de la sentencia, se relación con el pago de pensión alimentaria.
Cuando se presenta una demanda de ejecución de sentencia, es posible solicitar la imposición de costas procesales, lo que puede suponer un importe de, hasta el treinta por cien de la cantidad que se reclama.
Una duda que surge, es si es posible recurrir una sentencia que no es firme. Cuando se notifica la sentencia, se dispone de veinte días hábiles para recurrirla. Ese periodo empieza a contar desde el día siguiente al que se produce la notificación. Si nadie presenta un recurso en ese periodo de tiempo, la sentencia se declara firme de forma automática.
Son varias las razones por las que es posible recurrir una sentencia. Las más comunes son:
- Falta de motivación de la sentencia. No se argumenta de forma adecuada la razón por la que se ha tomado una decisión concreta.
- Incongruencia, existiendo contradicciones dentro de la sentencia.
- Vulneración de la ley, cuando se considera que la decisión del juez, transgrede algún precepto legal.
- Valoración incorrecta de la prueba practicada. El juez toma la decisión en base a una interpretación errónea de las pruebas que se han presentado.
- Indefensión, donde se alega que se ha sufrido indefensión, por haberse denegado pruebas fundamentales.
Para que se haga efectivo el pago de una ejecución de sentencia, lo primero que hay que asegurarse es de que, el pago se haga de forma correcta. Cuando el condenado realiza el pago, se emite un mandamiento de pago y se notifica a la parte correspondiente que, suele ser el procurador. Este proceso, puede tardar una semana, tras la que se puede acudir en persona y, cobrar la cantidad estipulada. Cuando la parte condenada no realiza el pago de forma voluntaria, se inicia el proceso de reclamación o la ejecución de sentencia, para garantizar que se cumpla la resolución judicial.
Los pasos citados, se llevan a cabo cuando se presenta la correspondiente demanda de ejecución. Este procedimiento judicial es parte del proceso de cobro de deudas judiciales, en el que se utilizan diversas estrategias, con la finalidad de garantizar que se cumplan las obligaciones económicas de los condenados.
La demanda de ejecución sigue los mismos pasos que una demanda ordinaria, sintetizando la información e incluyendo la fecha de la demanda inicial, la obtención de la sentencia favorable, adjuntando la resolución y que, ante el incumplimiento, se solicita la ejecución. Debe presentarse en el mismo juzgado en el que se tramitó el caso juzgado y, esperar a que el juez, se pronuncie y el condenado, cumpla.
